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uy importante es la firma del acuerdo entre Estados Unidos y
Colombia este viernes 30 de octubre que facilitará el acceso
militar de los EE.UU. a siete bases colombianas durante diez años
para combatir el narcotráfico. Estas bases incluyen la sustitución
de una importante base que había en Ecuador y que debido a la
hostilidad del Presidente Correa contra los EE.UU. fue eliminada.
Sus operaciones antidrogas ahora se llevarán a cabo desde la base de
Palanquero en el valle central del Magdalena en Colombia.
Dentro de las aberraciones sistemáticas del dictador venezolano
Hugo Chávez, se encuentra el ataque sostenido desde hace varios
meses con respecto a esta coordinación de las fuerzas armadas de los
Estados Unidos con las bases aludidas en Colombia, atribuyéndoles
una gravísima amenaza para la soberanía de Venezuela y la seguridad
de la región. Y esto lo atribuye a una supuesta actitud violatoria
del derecho internacional por parte de uno de los gobernantes más
serios del Hemisferio Occidental, el actual Presidente de Colombia,
Alvaro Uribe Vélez.
El acuerdo incluye la cantidad de personal militar y civil
estadounidense que operará en Colombia y que no podrá exceder los
límites de 800 militares y 600 contratistas civiles fijados por ley
de los Estados Unidos. Incluye, además, una cláusula sobre inmunidad
diplomática para el personal militar estadounidense. Se ha informado
que el texto completo del acuerdo será publicado en el U.S. Federal
Record (gaceta oficial de los EE.UU.) dentro del plazo de un mes.
Es significativa la firma de este documento, especialmente por
las antojadizas especulaciones del Teniente Coronel Hugo Rafael
Chávez Frías. Esas especulaciones han girado sostenidamente sobre
una posible agresión, que él “espera” de parte del gobierno
colombiano y posiblemente de los Estados Unidos de América a través
de Colombia.
Ahora falta, como algo indispensable, que el Congreso de los
Estados Unidos ratifique el Tratado de Libre Comercio suscrito hace
unos tres años entre los gobiernos de Bogotá y Washington. Se
considera que es impropia la tardanza en esta ratificación de parte
del Congreso estadounidense, especialmente si se toma en cuenta el
grado de solidaridad entre el gobierno de Uribe y el de los Estados
Unidos.
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