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lo que se identifica como fuerzas vivas de la nación nicaragüense y
los partidos políticos de oposición al gobierno del Presidente
Daniel Ortega, están oponiéndose frontalmente, razonadamente,
a la arbitraria decisión de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema que declaró “inaplicable” el Artículo 147 de la Constitución
de Nicaragua que prohíbe la reelección consecutiva. La nulidad de
esta decisión descansa sobre el hecho de que la Sala fue integrada
con la ausencia de tres magistrados liberales de los seis que la
integran, los cuales fueron reemplazados, arbitrariamente, por
sustitutos sandinistas. Los magistrados que estuvieron ausentes
alegaron que no fueron convocados en forma adecuada con el tiempo
necesario para integrar la Sala. Y uno de ellos estaba fuera del
país. Lo cierto es que hubo una maniobra contraria al espíritu y la
letra de la Constitución y de las normas democráticas para que la
Sala Constitucional produjera una sentencia a velocidad vertiginosa,
declarando que un artículo de la Constitución, el mencionado 147, es
inaplicable.
La decisión de que es inaplicable un artículo de la Constitución no
responde en modo alguno a la técnica que regula el derecho
constitucional en materia de interpretación. Si fuese legítimo lo
ocurrido en Nicaragua ahora, en cualquier momento la Constitución,
sin una Asamblea Constituyente debidamente convocada, podría ser
modificada a través de una sentencia de una Sala de la Corte, sin la
participación de todo el Poder Judicial.
Aunque es sumamente lamentable la maniobra, que constituye una
violación del Estado de Derecho, tiene quizás como ventaja el hecho
de que ha despertado la conciencia nacional en el sentido de
movilizar valiosos recursos cívicos del país a favor de la
reivindicación de su vida institucional entendida en términos de
democracia y de república. Además, en el campo internacional, ante
la irritante situación provocada por los jueces sandinistas, se ha
producido una condena con el propósito de frenar la carrera
antidemocrática que están llevando a cabo varios gobiernos dentro
del sistema interamericano, incluyendo la agresión contra la
soberanía de Honduras de parte de esos gobiernos y también de la
misma Organización de Estados Americanos. Es decir, se considera que
este caso nicaragüense forma parte de una gran conspiración de
varios gobiernos de la región contra las instituciones democráticas.
Los partidos políticos de oposición y la sociedad civil están
sometidos en Nicaragua, en estos momentos, a una trascendental
prueba para mantener en alto el valor de las instituciones
auténticas de
la república.
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