|
espués de Fidel Castro,
el dictador que más ha violado el derecho internacional en el
Hemisferio Occidental ha sido el gobernante venezolano Teniente
Coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Realmente ha disfrutado de la
benevolencia – por decirlo así – de todos los que tenían el deber de
protestar, hasta en defensa propia, por esas violaciones del derecho
internacional de parte de Chávez. Dentro de su manera de ser, ahora
resulta que el gobierno de Chávez acusa, antojadizamente, al
gobierno de Colombia especialmente a su Presidente Álvaro Uribe de
atentar contra la soberanía de Venezuela. Y esa acusación la formula
oficialmente en el seno de la Organización de Estados Americanos que,
por múltiples razones, es indebidamente ahora su propio patio si se
quiere usar una expresión familiar. Y se dice su propio patio porque
tanto en la Secretaría General como por la presencia de muchas
delegaciones, hay una aceptación – no resignación – con respecto a
todo lo que hace y deshace Hugo Chávez.
El gobierno de Colombia, en el ejercicio de la soberanía de la
república, ha llegado a acuerdos con el gobierno de Washington para
el uso de unas bases militares colombianas en la lucha contra el
narcotráfico. Y esto ha sido motivo de sistemáticos insultos de
Chávez contra Uribe.
Públicamente, en discursos formulados a la “ciudad y al mundo”, Hugo
Chávez ha informado su alianza con Rusia y con Irán, adquiriendo
armas poderosas de distintas categorías en esos países, sin que
ningún gobierno vecino haya protestado por lo que eso representa
como un peligro para la paz en la región. Colombia, cuyo gobierno ha
sido objeto de insultos y amenazas, inclusive de carácter militar de
parte de Chávez, no ha formulado una acusación en protesta por la
adquisición de ese poderoso armamento en Rusia, por la presencia de
barcos de guerra rusos en las costas de Venezuela, ni por la alianza
que tiene con Irán el señor Chávez. Por supuesto, en el seno del
Consejo Permanente de la OEA y en declaraciones públicas, el
Embajador de Colombia ha refutado las acusaciones venezolanas con
los argumentos correspondientes a la realidad jurídica que no ha
sido violada por el gobierno de Bogotá.
Cabe decir en torno a este asunto que es preciso que se reediten los
textos jurídicos y políticos que han dado vida a lo largo de más de
un siglo al sistema interamericano, especialmente en lo que se
refiere a las Convenciones y tratados de distinta índole. Inclusive
deberían publicarse documentos con sentido didáctico para
información pública, metódica, acerca de lo que es este organismo
para conocimiento de estudiantes y, si se quiere, hasta de turistas
cultos que visiten el ya histórico edificio donde funciona, en medio
de mármoles y bustos de personajes, la actual Organización de los
Estados Americanos, llamada así oficialmente desde el año 1948.
|
